El viacrucis de Evelyn, una de las cientos de mujeres acusadas de aborto en El Salvador

SAN SALVADOR (Reuters) – Luego de quejarse durante tres días de dolores estomacales en abril de 2016, Evelyn Hernández tuvo un parto de emergencia en la letrina de su casa, una humilde construcción de lámina y piso de tierra en las afueras de San Salvador.

Tras parir a un bebé muerto y perder el conocimiento, Hernández, quien hoy tiene 21 años, fue llevada por su familia a un hospital público en Cojutepeque, una empobrecida ciudad al este de San Salvador, donde el personal médico la acusó de aborto y la entregó a las autoridades judiciales.

Luego de casi tres años encarcelada, la mujer abandonó el presidio en febrero por irregularidades en la sentencia y ahora está siendo juzgada en libertad. Sin embargo, la Fiscalía sigue firme en su petición de hasta 50 años de prisión para la joven, hija de un albañil y una cocinera.

Hernández, quien dijo que no sabía que estaba embarazada, es una de las 147 mujeres que han sido condenadas hasta por 40 años por partos extrahospitalarios entre 2000 y 2014, según una organización en El Salvador, un país con una de las leyes más severas del mundo contra el aborto, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.

Las duras sentencias han provocado no sólo la crítica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y activistas de derechos humanos, sino que han obligado a que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos, poniendo en riesgo su vida.

«SOY INOCENTE»

Según Hernández, quien en ese momento estudiaba para ser enfermera y ahora es empleada doméstica, de un momento a otro sintió fuertes deseos de ir al baño. Allí sufrió un desprendimiento sin percatarse que estaba en pleno trabajo de parto tras nueve meses de embarazo.

El niño salió del útero y cayó, sin vida, en el fondo de la fosa séptica producto de una «neumonía aspirativa», una complicación «natural» causada por la inhalación de sustancias tóxicas, dijeron los forenses durante el juicio.

Evelyn, una joven de cabello liso y piel canela, insiste en que fue violada por un pandillero de la zona pero no denunció el caso por temor a represalias. A pesar de ello, fue sentenciada a 30 años de prisión por delito agravado y enviada en 2017 a una cárcel femenina, en la periferia de San Salvador.

Pero su defensa presentó una apelación por supuestas irregularidades en el fallo de la jueza y, un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón, anuló la sentencia y ordenó al tribunal repetir el juicio con Evelyn en libertad.

Hernández enfrenta sin embargo una condena de entre 30 y 50 años ya que la Fiscalía insiste en acusarla de homicidio culposo por negligencia durante la labor de parto.

«Soy inocente, yo era una chica que estudiaba antes y fui violada por un hombre. Sólo pido que se haga justicia y sé que todo va a salir bien», dijo Hernández a la prensa antes de la instalación del nuevo juicio que será retomado el 15 de agosto.

Durante el proceso, la joven ha recibido el respaldo de activistas, quienes han llegado a las afueras del tribunal para pedir, a voz en cuello y con carteles, «libertad», «justicia» y «reparación».

«Es una gran injusticia», dijo la activista de derechos humanos Morena Herrera. «Esta es una ley que tiene un sesgo particular contra mujeres pobres y jóvenes», agregó.

Unas 39 salvadoreñas han sido liberadas desde 2009, luego que sus abogados lograran la revisión de sus sentencias, indultos, conmutación de penas y litigios internacionales, según datos de una agrupación ciudadana local que busca la despenalización del aborto terapéutico.

Pero 16 mujeres aún esperan tras las rejas que el país relaje la legislación, al menos para emergencias obstétricas.


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